Ciudad de Guatemala, 21 de octubre de 2025. El abogado y defensor de derechos humanos, Ramón Cadena Rámila enfrentará este jueves 23 de octubre una nueva audiencia de primera declaración en el Juzgado Décimo Penal “A”, a cargo del juez Víctor Manuel Cruz Rivera, un funcionario incluido en la lista Engel y señalado en distintos casos de persecución política. Ante este panorama, diversas organizaciones sociales y comunitarias han convocado a la ciudadanía a concentrarse frente a la Torre de Tribunales para expresar su respaldo al abogado y exigir un alto a la criminalización de quienes defienden los derechos colectivos y el Estado de derecho en Guatemala.

El llamado surge de un comunicado conjunto firmado por la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, el Consejo de Pueblos K’iche’s, el Movimiento Codeca, la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, el Frente del Norte del Área Metropolitana y el colectivo Otra Guatemala Ya, quienes denuncian lo que consideran una persecución política sistemática contra Cadena y otros defensores.

“Los abogados entregados, coherentes e íntegros como Ramón Cadena son un faro de esperanza en nuestros esfuerzos por la defensa de una vida digna para todos y todas”, se lee en el documento difundido este lunes.

Un abogado bajo fuego

Ramón Cadena fue criminalizado en 2023 por el Ministerio Público en el caso denominado “Toma USAC: Botín Político”, junto a estudiantes y catedráticos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Según las organizaciones firmantes, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural —a cargo del fiscal Saúl Sánchez— difundió información falsa sobre una supuesta alerta roja de Interpol contra Cadena. “El Bufete Jurídico de Derechos Humanos verificó que tal alerta no existía”, afirman, señalando que la acción buscó atemorizar y deslegitimar a quienes han participado en las protestas por la autonomía universitaria y en la resistencia frente a la corrupción.

El abogado ha insistido en que el caso de la USAC refleja la utilización del sistema penal como herramienta de control político. La directiva universitaria impuesta, afirman los estudiantes, responde a intereses de poder que buscan mantener el control de un espacio clave: el Consejo Superior Universitario (CSU), que tiene influencia en decisiones como la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad.

Un sistema judicial en decadencia

Las organizaciones que hoy se pronuncian recuerdan que el juez a cargo del proceso, Víctor Manuel Cruz Rivera, ha sido cuestionado por su papel en casos de persecución contra periodistas, fiscales y jueces independientes. “Su historial lo coloca bajo escrutinio internacional y nacional”, subrayan, mientras apuntan a la “decadencia del sistema de justicia” y a la “falta de acción del gobierno ante tanta impunidad”.

En su comunicado, los colectivos advierten que la criminalización y el exilio se han vuelto parte del paisaje nacional. “Las personas que defendemos los derechos humanos hemos sido asesinadas, perseguidas y acosadas sin tregua; hay muchos exiliados y refugiados políticos debido al secuestro que sufre nuestro sistema de justicia por parte de grupos de poder corruptos que ya son bien reconocidos”, señalan.

La situación no es aislada. Diversas organizaciones internacionales, como Global Witness, han documentado el incremento de la violencia contra defensores ambientales y comunitarios. Según su último informe, durante 2024 al menos 20 defensores fueron asesinados en Guatemala, un aumento del 500% respecto al año anterior.

Uno de esos casos fue el de Vidal Antonio Méndez Ramírez, integrante del movimiento Codeca, asesinado el año pasado. Su nombre aparece en el comunicado como símbolo de la violencia estructural que golpea al país. “Vivir con miedo parece normal y la indiferencia se vuelve costumbre, mientras el Estado permanece cómplice por su silencio”, lamentan.

Demandas y exigencias

Las organizaciones que acompañan a Cadena plantean nueve demandas principales, entre ellas la destitución de la fiscal general Consuelo Porras, la creación de una comisión independiente para investigar el actuar del Ministerio Público y la liberación de presos políticos como el periodista José Rubén Zamora, los dirigentes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán de los 48 Cantones y se detenga la persecución contra la exfiscal Virginia Laparra.

También exigen el cese de la persecución contra jueces independientes —entre ellos Yasmín Barrios, Carlos Ruano, Gloria Porras, Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez— así como del exfiscal Juan Francisco Sandoval, exfiscal general Thelma Aldana y estudiantes universitarios de la USAC; la garantía del retorno digno y seguro de los refugiados políticos guatemaltecos, con el acompañamiento de organismos internacionales como ACNUR y OACNUDH.

Otra de las solicitudes se dirige a la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que den seguimiento a las denuncias presentadas por Cadena y otras víctimas de criminalización. “Exigimos acciones que afiancen la confianza de la población en sus representantes, que no den más espacio a la impunidad y definan la ruta para restablecer un sistema de justicia que cumpla su función al servicio de la democracia”, expresan.

Entre el silencio y la esperanza

El comunicado también critica la inacción del gobierno de Bernardo Arévalo, a quien las organizaciones apoyaron durante la crisis electoral de 2023. “Hace dos años estuvimos de pie al lado del presidente electo para defender la decisión del pueblo”, recuerdan. Sin embargo, denuncian que pese a sus promesas, el gobierno ha guardado silencio ante los abusos cometidos por empresas transnacionales, como el Grupo Energía Bogotá y Trecsa, acusadas de corrupción, construcción ilegal y criminalización de líderes comunitarios.

“La PGN y el Ministerio de Economía nos han solicitado apoyo para enfrentarse al caso millonario que las empresas transnacionales Grupo Energía Bogotá y Trecsa interponen contra el Estado de Guatemala en el CIADI, pero no se han dignado a conocer la persecución que hemos estado viviendo nosotras y nosotros”, afirman.

La cita frente a Tribunales

Este jueves, las organizaciones sociales esperan que la Torre de Tribunales se llene de voces en respaldo a Ramón Cadena. “El silencio es cómplice”, subrayan, invitando a medios, movimientos sociales y ciudadanía en general a no normalizar la impunidad.

Más que un acto simbólico, la convocatoria representa una declaración de resistencia en un país donde —como recuerda el propio comunicado— “la mitad de la niñez sufre desnutrición crónica, y esa realidad no es un mandato divino, sino resultado del acaparamiento de la riqueza y de la tierra por una élite que se sirve de la ley para perpetuar la injusticia”.

En ese contexto, la defensa de Cadena se ha convertido en una causa emblemática para las comunidades que luchan por sus derechos. “Exigimos al juez Cruz Rivera que se apegue a la ley y a la justicia, porque tarde o temprano será juzgado por sus actos”, advierten los firmantes.

Mientras tanto, el mensaje es claro y contundente: “Unámonos pueblos de Guatemala, que la lucha es una sola.”