Ciudad de Guatemala, 18 de septiembre de 2025. Diversas organizaciones conformadas por asociaciones de prensa, periodistas, defensores de derechos humanos, colectivos de comunicación independiente y redes ciudadanas, hicieron público un memorial dirigido al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en el que manifiestan su “profunda preocupación” por la situación jurídica del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien suma 34 meses en prisión preventiva.
En el documento, las agrupaciones recuerdan que Zamora, fundador y expresidente de elPeriódico, ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Fue detenido el 29 de julio de 2022, en medio de lo que califican como un “creciente hostigamiento” hacia medios de comunicación y voces críticas del poder público.
El memorial señala que el proceso judicial contra el periodista ha estado plagado de irregularidades. Entre ellas se mencionan la negativa a admitir pruebas de descargo esenciales, la persecución de varios de sus abogados defensores —nueve en total, algunos forzados al exilio—, y la promoción de procesos paralelos por parte del Ministerio Público que han sido desestimados por jueces competentes. Recuerdan que, aunque un juez otorgó medidas sustitutivas en 2024, el proceso fue reabierto sin fundamentos nuevos, lo que ha prolongado su encarcelamiento.
Las organizaciones destacan que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y limitada en el tiempo, nunca una forma de castigo, de acuerdo con la Constitución, el Código Procesal Penal y los tratados internacionales ratificados por Guatemala. En ese sentido, citan precedentes de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que la prisión preventiva no debe convertirse en una “pena anticipada”.
En el caso de Zamora, apuntan los 34 meses que ha estado privado de libertad sobrepasan el límite de lo razonable, resultando desproporcionados en comparación con la pena mínima aplicable. Para las organizaciones, la medida cautelar se ha transformado en un castigo contrario al principio de presunción de inocencia.
El memorial también recuerda que, conforme al artículo 35 de la Constitución, los casos contra periodistas y editores deben ser conocidos por tribunales de imprenta y no por procesos penales ordinarios.
Finalmente, las entidades firmantes exigen a la Corte Suprema de Justicia cinco acciones concretas:
- Garantizar la independencia judicial y el respeto al debido proceso.
- Revisar la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público para evitar su uso político.
- Respetar lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la competencia de tribunales de imprenta.
- Aplicar estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad personal y protección a periodistas.
- Ordenar el cese inmediato de la prisión preventiva y sustituirla por medidas menos gravosas.
El documento concluye señalando que la prolongación injustificada del proceso constituye una afrenta al Estado de Derecho y a la democracia en Guatemala y exige la libertad inmediata de José Rubén Zamora, así como el cese de toda persecución política en su contra.
Fotografías Blog Informativo GT – Emilio Martínez